Con 169 empresas activas y un tercer parque industrial en ejecución, la localidad cordobesa desafía la presión fiscal nacional. El intendente del lugar apuesta a la eficiencia administrativa como motor de desarrollo frente a la caída de recursos públicos.
Villa del Rosario ha instalado un debate clave para el interior productivo: ¿es posible crecer sin asfixiar al sector privado con tributos? Mientras a nivel nacional se discute la pesada carga impositiva, este municipio ha consolidado un esquema de tasas reducidas, donde el tributo sobre la producción es inexistente. Según el intendente Diego Carballo, esta política de “costo cero” ha sido el pilar fundamental para la radicación de inversiones y la expansión de su polo industrial.
El esquema actual es austero y previsible: la recaudación municipal se limita a la tasa de propiedad y el servicio de agua. Para Carballo, esta estrategia busca diferenciarse del modelo impositivo que impera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), enfocándose en las necesidades del “interior del interior”. La lógica es clara: incentivar la competitividad empresarial para que, a través de la actividad económica, el Estado encuentre su propia sostenibilidad.
Los números respaldan la apuesta. Hoy, la localidad cuenta con cerca de 169 empresas y unos 1.000 comercios. La efectividad del modelo quedó demostrada recientemente con la llegada de la firma láctea La Ramada, que eligió instalarse en el parque local para su proceso de expansión nacional. Actualmente, la ciudad opera con tres zonas industriales: dos en pleno funcionamiento y una tercera en etapa de inauguración, donde ya hay firmas trabajando.
Ante la caída de la coparticipación nacional, la gestión municipal sostiene que la clave reside en la eficiencia administrativa y el efecto derrame. Al fomentar un sector privado robusto que genera empleo local, el municipio alivia la presión sobre las arcas públicas. Carballo define este modelo como una “economía circular”: el Estado gasta con criterio, el sector privado invierte con previsibilidad, y la infraestructura pública se mantiene sin recurrir a tasas distorsivas sobre la producción.







