A través de la Resolución 81/2026, la Secretaría de Agricultura derogó el esquema de control vigente desde 2006. Argumentan que el registro era una herramienta ineficaz y sin facultades reales de fiscalización.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación oficializó la eliminación del Registro de Operadores Lácteos, una estructura de control que regía la actividad industrial y comercial del sector desde 2006. Mediante la Resolución 81/2026, el organismo dejó sin efecto las normativas 109/2006 y 1.621/2006, las cuales otorgaban facultades de fiscalización comercial originadas originalmente en la extinta Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

El fundamento central de la medida se asienta en la falta de capacidad operativa del sistema. Según el texto oficial, tras la disolución de la ONCCA en 2011 y las constantes reformas administrativas, el registro quedó desprovisto de una norma específica que otorgara facultades expresas de sanción. Bajo el principio de legalidad, la Secretaría sostiene que las tareas de control comercial requieren una atribución normativa clara; ante la ausencia de esta, el registro se había transformado en una herramienta meramente declarativa, incapaz de verificar información o aplicar correctivos ante incumplimientos.

El Gobierno nacional justificó la decisión enmarcándola en el proceso de desregulación económica iniciado con el DNU 70/2023. El diagnóstico de la cartera agropecuaria es que el sistema generaba costos administrativos innecesarios para el Estado y los operadores, sin aportar beneficios concretos en términos de transparencia o datos validados. La experiencia de los últimos años mostró una imposibilidad recurrente para actualizar la información, lo que terminó erosionando la utilidad del registro.

De este modo, la cadena láctea nacional se desprende de una capa regulatoria que, a criterio de la actual gestión, funcionaba como una restricción ineficaz. La medida busca alinear la actividad láctea con los objetivos de simplificación administrativa, eliminando una instancia de inscripción obligatoria que no lograba cumplir con sus funciones de fiscalización, en consonancia con la revisión general de normativas comerciales que impulsa la Secretaría en diversos sectores agroindustriales.