Tras más de una década de litigio, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires ratificó la condena contra la empresa por contaminación con agroquímicos, cuestionando además la falta de control por parte de organismos estatales.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso fin a uno de los litigios ambientales más prolongados y significativos de la última década en el país. Al rechazar el último recurso presentado por Atanor S.C.A., el tribunal dejó firme la condena que responsabiliza a la compañía por el daño ambiental provocado sobre el río Paraná, en la zona de influencia de su planta industrial en San Nicolás. La sentencia no solo confirma la irreversibilidad del impacto sobre el recurso hídrico, sino que marca un antes y un después en la jurisprudencia ambiental vinculada a la industria agroquímica.

La causa, impulsada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la confirmación del daño irreversible, la ratificación de que la empresa operó en condiciones de ilegalidad y la detección de graves falencias en los controles ejercidos por la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense. El fallo es contundente al señalar que el Estado falló en su deber de fiscalizar la totalidad de los compuestos químicos vinculados a la planta, lo que abre la puerta a posibles investigaciones penales contra funcionarios públicos por presuntos incumplimientos.

Durante el proceso se incorporaron pericias científicas clave. Un informe reciente de la Autoridad del Agua, fechado a inicios de 2026, detectó concentraciones de glifosato, AMPA, atrazina, azoxistrobina e imidacloprid en el arroyo Yaguarón. Aunque la empresa ha intentado argumentar que estos niveles podrían tener otros orígenes debido al uso extendido de agroquímicos en el sector, la Justicia ha desestimado los recursos defensivos, manteniendo vigente la obligación de Atanor de continuar con los trabajos de remediación en el suelo y el acuífero subterráneo bajo estricta supervisión judicial.

Este antecedente cobra mayor relevancia considerando el historial de la planta, que fue escenario de una grave explosión en marzo de 2024. Actualmente, la empresa enfrenta además otra causa judicial federal, a cargo del fiscal Patricio Mujica Díaz, por presuntos delitos ambientales derivados de aquel incidente. Con este fallo de la Corte, se consolida una señal clara sobre la responsabilidad empresarial y la importancia de un control estatal riguroso, estableciendo un estándar de protección ambiental mucho más estricto para el sector industrial.