Con una deuda que supera los $66.000 millones en cheques rechazados y plantas paralizadas, los gremios avícolas exigen la mediación del Gobierno Nacional para garantizar la estabilidad de miles de trabajadores.

La situación del Grupo Granja Tres Arroyos (GTA) ha alcanzado un punto crítico que amenaza la continuidad de una de las empresas más importantes de la industria avícola argentina. En el marco de una Mesa Sectorial Avícola convocada por la CGT, las organizaciones sindicales, encabezadas por la UATRE, han resuelto solicitar la intervención directa del Poder Ejecutivo ante el sistemático incumplimiento de pagos salariales y una opacidad financiera que genera incertidumbre en todo el ecosistema productivo.

Desde el sector sindical advirtieron que la firma no solo acumula deudas millonarias, sino que ha incurrido en prácticas antisindicales al aplicar descuentos a los operarios que reclamaban por sus haberes. La postura de la cámara empresaria avícola ha sido contundente al diferenciar este caso del resto del sector: el problema no es estructural ni una crisis del mercado del pollo, sino una gestión financiera ineficiente y un endeudamiento que, a fines de mayo, se reflejaba en más de 1.800 cheques rechazados por un monto superior a los 29.300 millones de pesos, cifra que trepa a los 66.000 millones al sumar a las firmas vinculadas Wade y Avex.

El impacto en la capacidad instalada es devastador. Mientras la empresa operaba históricamente con una faena cercana a los 700.000 pollos diarios, hoy apenas logra sostener una tercera parte de esa cifra. Esta caída operativa provocó un éxodo masivo de productores integrados, quienes, ante los atrasos en los pagos, han abandonado la red de suministro de la compañía en un 85% a nivel nacional, dejando a plantas emblemáticas como “La China” en Concepción del Uruguay totalmente paralizadas desde finales de mayo.

La estrategia de reestructuración de pasivos presentada por la empresa, que contempla quitas de hasta el 75% y plazos extendidos, no logró cumplir con los objetivos de inyección de capital fresco previstos para el 30 de junio. Ante este escenario, la CGT y UATRE buscan trasladar el conflicto a la Jefatura de Gabinete de la Nación para asegurar el sustento de cientos de familias que han quedado a la deriva en un proceso de desinversión que se profundiza mes a mes.