Un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba detalla que, si bien la sociedad avala el impacto económico y la llegada de inversiones, persiste un fuerte escepticismo sobre la capacidad y la eficacia de los gobiernos para fiscalizar la actividad.

Un estudio de opinión pública elaborado por la consultora Zuban Córdoba en la provincia de Catamarca dejó al descubierto una compleja paradoja social en torno a la industria minera. Por un lado, el relevamiento indica que el 75,9% de los encuestados respalda el desarrollo de proyectos sustentables y que casi el 70% de la población rechaza la oposición absoluta a la explotación de recursos naturales en el territorio provincial.

Sin embargo, el informe advierte un contundente nivel de desconfianza respecto a la fiscalización oficial. La gran mayoría de los ciudadanos manifestó recelos sobre la capacidad real del Estado para controlar de manera eficiente el cumplimiento de las normativas ambientales y operativas por parte de las empresas. Esta reserva ciudadana se refleja también en que un 43,9% prefiere un esquema mixto de explotación, buscando equilibrar la participación entre el sector público y privado.

En paralelo, las expectativas económicas continúan traccionando el apoyo a la actividad extractiva. El 75,6% de la población consultada consideró que dinamizar la economía es la vía principal para superar los problemas actuales, mientras que el 63,2% priorizó la generación de empleo genuino y la obtención de divisas para el país como ejes fundamentales del sector.