Con la inclusión del proyecto San Jorge en el RIGI y una estrategia clara de seguridad jurídica, Mendoza busca transformar su rol de proveedor de servicios en un centro logístico y financiero para la minería andina.
Mendoza ha dejado de lado las dudas para instalar la minería en el presente productivo de la provincia. El punto de inflexión fue la aprobación legislativa del proyecto PSJ Cobre Mendocino (San Jorge) en Uspallata, que recientemente formalizó su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión proyectada de 613 millones de dólares. Este paso no solo valida la viabilidad del cobre mendocino, sino que confirma un cambio de paradigma en la gestión provincial.
La estrategia oficial se sostiene sobre tres pilares fundamentales: seguridad jurídica, control estatal riguroso y una transparencia total en la información geológica. El objetivo de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el equipo de Impulsa Mendoza, es claro: no se busca una habilitación acelerada y descontrolada, sino fortalecer la etapa exploratoria para reducir la incertidumbre del inversor. Con más de 250 proyectos identificados solo en Malargüe y un distrito norte con gran potencial cuprífero, la provincia está sentando las bases para una actividad de largo plazo.
El desafío de Mendoza trasciende la extracción. La provincia aspira a consolidarse como un hub financiero y logístico para toda la minería de los Andes. Este rol, que históricamente ejerció con cierta reserva mientras sus vecinos sanjuaninos capitalizaban el auge, hoy se asume con determinación. Mediante foros y programas de vinculación regional, Mendoza busca ser el cerebro administrativo y el centro de discusión de la cadena de valor minera.
A pesar de la vigencia de la Ley 7722, que sigue siendo el marco regulatorio central, la voluntad política ha logrado trazar un camino viable. La apuesta es ambiciosa: integrar el capital, la logística y el conocimiento técnico para convertir a la provincia en un nodo estratégico, desafiando incluso las lógicas económicas que, a nivel nacional, a veces priorizan el corto plazo por sobre el desarrollo estructural.




